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Dic
08

-25 años de democracia.Parte 1- Preparando las condiciones para la irrupción del Neoliberalismo

videla_iglesia

En los años 60 y 70 los militares latinoamericanos, apoyando los intereses económicos e ideológicos de los EEUU, asaltaron los procesos democráticos de sus respectivos paises. Con el argumento de acabar con los rojos fantasmas del “terrorismo universal”, se instauraron diversos regímenes militares, vulnerando los más básicos derechos universales. Instruidos en la academia de torturadores, la “Escuela de las Américas”, ubicada en Fort Benning, Georgia, fueron adiestrados en las arcaicas artes de la vejación y el asesinato.


En este sentido y siguiendo los divinos mandatos del norte, El 24 de marzo de 1976  la Junta Militar argentina derrocó el mandato electo de Perón, gobierno del que formaban parte activa, como ejecutores de su política represiva.

Nueve meses antes de que se cumpliera el llamado anticipado a elecciones, los militares argentinos liquidaron un proceso democrático de amplio respaldo popular.

Lejos de recuperar el programa político avalado  por el 80% de los votantes argentinos en  el 73´, pusieron fin a la manipulación en cubierto del mandato legado a la viuda de Perón, Isabel Martinez. Pasando de titiriteros a protagonistas de una de las etapas más sangrientas de la historia de argentina, los militares intensificaron y recrudecieron el ejercicio de las técnicas de represión clandestina, metodología que fue el sello de distinción del grupo de operaciones de las tres A, creado y puesto en funcionamiento por Lopéz Rega, Ministro de Bienestar social  desde el 73’  .De este modo los llamados “grupos tareas”, comandos para el secuestro conformados por elementos de las fuerzas nacionales del “orden”, relevaron en sus funciones a la triple A . En su proclamado afán por “terminar” con “el desgobierno y la corrupción”, el ejercito perfeccionó las técnicas de tortura utilizadas por sus antecesores en los interrogatorios, legado de la “santa” inquisición. Su idílica Patría se construiría “por medio del orden, del trabajo, de la observancia plena de los principios éticos y morales, de la justicia, de la realización integral del hombre, del respeto a sus derechos y dignidad”, como puntualizaba una de sus proclamas en el 76´. Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerrilla justificaba cualquier medio utilizado, apelando siempre a los valores occidentales y cristianos, secuestraron, torturaron y desaparecieron cualquier intento de libre expresión popular.

Colmadas las cárceles, sembraron el país de campos de concentración, lugares donde se les negó, a los secuestrados, cualquier derecho humano, abogado, juicio o control médico, donde además se pusieron en práctica técnicas de “persuasión”, sin límite  de tiempo, que superaban en medios y en perversidad a los métodos de tortura de la época medieval. La picana, el submarino, el potro, el torno, la sierra, fueron algunas de las sugestivas maneras que, “con el permiso de Dios”, los católicos militares, “derechos y humanos”, repartieron “la extrema unción” a 30 mil personas.

La finalidad de la represión fue conseguir la eliminación física del “enemigo”, de todo individuo o movimiento social disidente, imposibilitando la existencia de una generación de recambio político que aspirara a levantar un proyecto nacional alternativo de transformaciones sociales y políticas.

Con un golpe de derecha La Junta Militar de Videla, Massera y Agosti, demolió históricos logros obreros, invirtiendo el camino elegido por las mayorías, imponiendo y restaurando así, la corriente de ideas e intereses de una oligarquía minoritaria derrotada en las urnas. Esto no solo frenaba el desarrollo económico de las fuerzas productivas, sino que, mediante el endeudamiento con el FMI y BM, se allanaba el camino para la instauración del modelo socio-económico actual.

A raíz de esta política aperturista y de endeudamiento, el país se vio obligado a aceptar su rol como productor de alimentos y materias primas, dejando de controlar su potencial nuclear, lo que derivó en un importante proceso de desindustrialización. La deuda adquirió la descomunal cuantía de 147 mil millones de dólares, cuando en el 81´ se nacionalizaron las deudas contraídas por empresas estatales y privadas, vinculadas a los militares.

De esta manera, los genocidas, generaron las condiciones perfectas para que la democracia resucitara condenada al pago de las deudas y al olvido de los crímenes. Los gobiernos civiles que le siguieron “agradecieron” la acción de los uniformados dictando las leyes de “punto final” y “obediencia debida”, otorgando impunidad a los asesinos y renunciando a la soberanía nacional, con políticas de entrega, como la privatización de las endeudadas empresas estatales.

Restaría analizar los años que siguieron a la vuelta de la democracia, pero esto se lo contaremos en el próximo informe.

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